Dura carta de respuesta del senador ROY BARRERAS al General Jorge Enrique Mora a propósito de la carta de los Militares criticando la JEP

Bogotá. D.C, 05 de marzo de 2017

Señor General (r)

Jorge Enrique Mora Rangel

Negociador Plenipotenciario para el Acuerdo de Paz con las Farc

Ciudad

Referencia: Respuesta a la carta firmada por Usted y varios señores Generales en retiro y evidencia de la contradicción entre los positivos hechos de seguridad jurídica para la Fuerza Pública y las afirmaciones allí contenidas.

Señor General (r) Mora:

Vi con sorpresa su firma entre los oficiales en retiro que suscribieron la carta en la que expresan “preocupaciones sobre la seguridad nacional y el tratamiento especial diferenciado para miembros de la Fuerza Pública”. Y digo con sorpresa, porque tuve el honor de ser su compañero como negociador plenipotenciario de los acuerdos de La Habana, conocí durante meses sus válidas inquietudes, pero también la solución concreta a esas inquietudes consignada en los textos finales de los acuerdos de la Habana y también del acuerdo del Teatro Colón que usted firmó y cuyo pronunciamiento acompañó en ese emblemático teatro. Sino fuera porque el equipo, incluyéndolo a usted, trabajó durante extenuantes jornadas cada detalle del acuerdo -y particularmente con su presencia como usted recordará, hasta la media noche del 23 de noviembre con la cúpula militar en pleno, y el propio presidente de la Repúblicalos pormenores de la seguridad jurídica de nuestras Fuerzas Militares, pensaría que el hecho de que usted haya decidido firmar la carta se debería a que no leyó o la carta o los acuerdos que también firmó. Es decir, que firmó sin leer. Pero como conozco su disciplina y su rigor, no puedo explicarme la razón por la que trasmite inquietudes y genera dudas sobre hechos que están afortunadamente resueltos para bien, no sólo de las Fuerzas Militares sino de quienes están sub judice por razones del conflicto, sino de la institucionalidad colombiana. Ha sido el presidente Santos, celoso guardián de esa seguridad jurídica de las Fuerzas Militares, y ha privilegiado en todo momento la tranquilidad de quienes con el uniforme de la patria han velado desde siempre por la seguridad de los colombianos, no en pocas ocasiones ofrendando su vida en esa heroica labor. Por esa razón me permito hacer unas breves precisiones a la carta que usted ha firmado: -En primer lugar me refiero a lo que ustedes llaman la creación “a toda costa de zonas permanentes…para conformar peligrosos asentamientos con grupos desmovilizados y comunidades afectas…tal como aconteció en el pasado con las llamadas repúblicas independientes…”. Esta afirmación no solamente sorprende sino que denota un enorme desconocimiento histórico y además un claro sesgo ideológico, por la sencilla razón de que tales repúblicas independientes jamás existieron. Fue ese, el eufemismo trágico con el que, en su momento, voces que clamaban por la guerra y por la violencia, estigmatizaron a zonas de conflicto en la ruralidad colombiana que expresaban de distintas maneras su abandono y que fueron el origen -hace 52 años- del conflicto armado en Colombia. Traer de nuevo el fantasma de las repúblicas independientes es invitar a nuevos bombardeos contra la población civil. Es invitar de nuevo a socavar la expresión de reclamo de los campesinos colombianos. Es simplificar el complejo conflicto social colombiano a un asunto de guerra que se resuelve simplemente bombardeando a otros seres humanos, disidentes, críticos o contradictores. Es en suma, la invitación a la guerra y la negación del diálogo. Pero lo más preocupante de esa aseveración es que firma y afirma usted, General (r) Mora, que la amenaza consiste en la creación de peligrosos asentamientos con comunidades afectas a grupos no desmovilizados; con lo que de nuevo planea sobre esas palabras el fantasma del paramilitarismo que tanta veces estigmatizó a las comunidades, a la población civil, a las colectividades pacíficas y desarmadas y a la sociedad civil para que en el fuego cruzado del conflicto terminara siendo víctima de quienes de lado y lado los tachaban de afectos a la guerrilla o al paramilitarismo. Rechazo de manera contundente, esa estigmatización a futuro de las comunidades que son las primeras que deben ser protegidas y comprendidas como víctimas y no victimarios. -En segundo lugar, su preocupación por lo que usted firma y afirma “será una organización constituida por escoltas pertenecientes a las Farc”, merece una sencilla corrección. Las Farc, señor General (r) Mora, dejaron de existir como organización política armada con la firma del acuerdo del 24 de noviembre que usted suscribió. No existirán escoltas pertenecientes a las Farc, existirán ciudadanos que dejaron las armas y que se reinsertarán a la sociedad de manera pacífica y que ya no son guerrilleros. No persevere en la negación de la paz con las Farc. La Paz con esa insurgencia es irreversible, afortunadamente para Colombia. La paz ya se firmó, esa guerra ya no existe. Esa división entre amigos y enemigos tiene que ser superada; sé que después de una vida entera dedicada a la guerra es difícil abrir los ojos y ver con ilusión el panorama de la paz. Pero haga el intento, verá una Colombia esperanzada y tranquila en el futuro para sus hijos y nietos, para los míos y para los nuestros. De todas formas para su tranquilad y como saben bien los señores Generales, Almirantes y Coroneles, que bajo la coordinación del General Oscar Naranjo, próximo Vicepresidente de la República, construyeron este acuerdo de seguridad, las instituciones del Estado y la Fuerza Pública estarán siempre presentes para que se cumpla la ley y la norma en los esquemas de seguridad de los excombatientes. De tal manera que el reclamo en la carta que usted firmó ya está resuelto. No me sorprenden y por el contrario entiendo y respeto las inquietudes de los señores Generales en retiro, que como todo ciudadano colombiano merecen explicación y toda claridad posible, habida cuenta de que están a la expectativa de los desarrollos legislativos de la JEP, no así en el caso suyo que conoce al detalle tanto los textos como las extenuantes y minuciosas negociaciones que permitieron los textos finales. -En tercer lugar y, tal vez resulta esto lo más importante de las inquietudes generadas a propósito de la aplicación del art. 28 del Estatuto de Roma, dice usted en la carta que suscribe “que queda pendiente por aclarar lo relacionado con la aplicación preferente del Código Penal Colombiano”. Simplemente no es cierto, Señor General. El Art 19. de la JEP deja completamente claro que el Código Penal Colombiano será el referente para la actuación del nuevo Tribunal y que además, por si fuera poco, en la comparación -cuando valga considerar las normas nacionales y las normas internacionales- en todo caso, se aplicará el principio de favorabilidad en beneficio de los investigados. Por tanto la preferencia del Código Penal Colombiano está asegurada, salvo en aquellos casos en que a solicitud de la defensa de los imputados consideren que alguna norma internacional los favorece y les permite un trato más benévolo. De suerte que es ésta la redacción que le garantiza mayor tranquilidad y seguridad a los miembros de la Fuerza Pública que tienen encartes judiciales por cuenta del conflicto. Revise los textos, puede estar usted tranquilo. La siguiente afirmación a propósito de que es menester “establecer con precisión que la normatividad operacional … se presume de hecho estar totalmente acorde con la legalidad” es una tautología innecesaria. La normatividad operacional no está acorde con la legalidad: Es la legalidad. Y por supuesto, es referente y marco de las actuaciones institucionales de la Fuerza Pública. No es la normatividad operacional la que comete delitos. Son los individuos que abusando de la normatividad operacional o violando las leyes o la Constitución en el marco del conflicto cometieron actos reprochables. Y aún esos individuos, culpables de tales delitos recibirán un trato benévolo en la justicia transicional que es el trato que merecen los combatientes en los procesos de paz. -En cuarto lugar, sobre las críticas a las instituciones nominadoras de los que serán los próximos magistrados de la JEP. Manifiestan ustedes su preocupación por que “los señalan como activistas destacados de corte muy opuesto al tradicional pensamiento demócrata institucional”. En primer lugar, la democracia no es una tradición. La democracia es un proceso en permanente construcción, y en el caso colombiano, desafortunadamente la tradición ha sido la violencia y el conflicto armado, en los 200 años de vida republicana, con 9 guerras civiles, la llamada “Guerra de los Mil Días”, la violencia liberal conservadora y luego los 52 años de conflicto armado con la insurgencia. No queremos esa tradición. Queremos democracia legítima con fortaleza institucional. Manifiestan ustedes su preocupación por que “los señalan como activistas destacados de corte muy opuesto al tradicional pensamiento demócrata institucional”. En primer lugar, la democracia no es una tradición. La democracia es un proceso en permanente construcción, y en el caso colombiano, desafortunadamente la tradición ha sido la violencia y el conflicto armado, en los 200 años de vida republicana, con 9 guerras civiles, la llamada “Guerra de los Mil Días”, la violencia liberal conservadora y luego los 52 años de conflicto armado con la insurgencia. No queremos esa tradición. Queremos democracia legítima con fortaleza institucional. Desconfiar de instituciones como la Corte Suprema de Justicia o el Consejo Europeo de los Derechos Humanos, o la ONU es desconfiar de las instituciones a las que debemos honrar y defender. El reconocido jurista Diego García Sayán, fue ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el Perú y el comisionado argentino Juan Méndez fue relator de Naciones Unidas para el genocidio y la tortura, comisionado del Centro Internacional de Justicia Transicional y jurista sin tacha. No creo que se pueda catalogar como tendencia ideológica el que haya sido hace más de 30 años víctima de una dictadura en Argentina. De otro lado y afortunadamente señor General (r) Mora, no hay ningún aplazamiento “de las normas que permitirán un tratamiento especial diferenciado a las miembros de la Fuerza Pública”, ni tampoco, es apenas un anuncio del Gobierno nacional. Se está construyendo y esta misma semana se aprobará en el cuarto y último debate la reforma constitucional que le da vida a la JEP. Como usted ya sabía, desde que firmó el acuerdo del Teatro Colón, la seguridad jurídica de las Fuerzas depende de un sistema de justicia transicional inescindible que esté protegido por una norma de rango constitucional, que es la que aprobaremos en cuarto debate, por dos razones: la primera, porque preparar una norma exclusiva para las Fuerzas Militares podría ser tachado en escenarios internacionales como un auto indulto, dejando en pie solamente los beneficios para los desmovilizados lo que es inaceptable. Pero en segundo lugar, porque la amnistía que se aplica a los ex miembros de las Farc se hace en cuanto son delincuentes políticos, a nadie se le ocurre concebir a los militares como delincuentes políticos, por eso no se les puede aplicar esa amnistía, sino las normas preferentes que vienen contenidas en el acto legislativo que está en pleno trámite. Así que no hay aplazamiento sino juiciosa construcción de la solución jurídica. Finalmente señor General (r) Mora, en el párrafo que usted firma y en la que se mencionan así mismos como “altas jerarquías” habida cuenta de los importantes cargos que la patria les entregó como responsabilidad y honor, debo rechazar de manera enfática la soslayada mención según la cual reiteran por su conducto “el cumplimiento de su gran compromiso por usted adquirido respecto a la aplicación de la JEP”. El presidente de la República no hace compromisos con las Fuerzas Militares bajo su mando. Les ordena, como su jefe supremo. El presidente de la República tiene compromisos con el pueblo colombiano y con las instituciones y ha actuado desde el principio velando por la seguridad jurídica de nuestras heroicas Fuerzas Militares, pensando siempre en las familias de los militares angustiados por los encartes judiciales derivados del conflicto, pero también cumpliendo con su palabra frente al país en el sentido de que la paz es para todos y que las soluciones jurídicas no serían construidas solamente para quienes dejan las armas, sino también para las Fuerzas Militares y los terceros civiles relacionados con el conflicto armado, porque la paz es para todos, porque la paz es irreversible, porque la paz es lo deseable para esta patria que usted y yo defendimos juntos en La Habana. Saludo respetuoso e institucional.