De la “Operación Avispa” a la “Operación Alacrán”. Las perversas reglas de juego del próximo debate electoral

Recientemente hombres armados disfrazados de policías intentaron ingresar a mi residencia. La eficacia de mi esquema de seguridad logró repelerlos. Este es apenas un ejemplo más de las condiciones en que se adelantará este duro debate electoral. Una es la realidad de los escritorios y de este augusto recinto y otro el de las regiones y provincias, la de los caminos polvorientos y veredas alejadas, incluso la de las ciudades medianas y pequeñas, muchas de ellas víctimas de la captura del poder local por fuerzas oscuras ilegales.

La democracia en Colombia está en riesgo. Lo ha estado hace décadas, por la perniciosa influencia del narcotráfico en  todas sus expresiones; pero además la democracia sobrevive en medio del conflicto y a pesar de él, los Senadores de Colombia y todos los aspirantes al Congreso, debemos afrontar una campaña a lo largo y ancho del país. Un territorio hermoso y amado pero también amenazado, cruzado por los miedos y por las presiones de grupos armados ilegales, bandas criminales, liderazgos locales y regionales espurios, impuestos por la fuerza de la intimidación o el veneno del soborno.

Nadie está seguro de qué intereses toca o qué precarios equilibrios desordena al penetrar regiones de Colombia con propuestas políticas pacíficas e institucionales que compiten con poderes locales soterrados.

Son las nuevas reglas de juego perversas de nuestra democracia, pero reales. Amenazas físicas, amenazas jurídicas, persecuciones y estigmatizaciones, seguimientos, interceptaciones telefónicas, denuncias temerarias, anónimos, falsos testigos y ahora falsos policías que buscan de diversas maneras perturbar, distraer o en el peor de los casos, impedir el libre ejercicio del liderazgo de cada uno de ustedes. Ataques de diversas índoles motivados -la inmensa mayoría de las veces-, por sus propios competidores legales o ilegales.

Las condiciones de la competencia desleal empeoraron con dos pésimos inventos que creímos buenos y terminaron siendo un desastre: la Circunscripción Nacional de Senado y el Voto Preferente. Esta combinación perversa ha hecho que cada aspirante al Senado deba recorrer el país entero con unos costos enormes, una dedicación de tiempos imposible y una acumulación de tareas y expectativas que pueden terminar en frustraciones para los ciudadanos y para las regiones.

No tenemos tiempo ahora para tramitar y finiquitar una Reforma Política que elimine esta combinación perversa, que genera además un fenómeno que todos ustedes han padecido: los peores competidores no están afuera en los contradictores ideológicos, sino al interior de los propios partidos. El canibalismo interno convirtió lo que ahora se llama “Operación Avispa” en una verdadera “Operación Alacrán”, todos contra todos, desvertebrando los partidos, desdibujando las banderas y perdiendo el horizonte de las ideas.

Esta lucha fratricida entre correligionarios no termina ni siquiera con el veredicto de las urnas, sino que se prolonga a través de demandas judiciales que intentan decapitar en los estrados el resultado democrático para que asciendan los reemplazos que la figura de la pérdida de investidura permita.

Propongo a ustedes compañeros y compañeras, a los Senadores de Colombia, a los Presidentes de los Partidos, un acuerdo de voluntades para acabar con la desinstitucionalización de las listas, la competencia indigna del dinero y la comercialización del ejercicio del voto. Nadie compra votos sino para sí mismo, no los compra para una idea ni para una misma bandera. Cerremos las listas todos los partidos.

Tenemos tiempo suficiente de adelantar un proceso interno de democratización para el ordenamiento de las listas. Sí somos capaces de hacerlo. Es difícil y complejo lo sé. Pero mucho menos costoso para la democracia que esta competencia feroz, individual y desinstitucionalizante.

Listas cerradas en todos los partidos por acuerdo político nacional ahora. Y en el corto plazo una Reforma Política que fortalezca los partidos y devuelva la dignidad y los derechos del Congreso de Colombia, que son los derechos del pueblo representado.